Columna Jurídica

El Decreto 1396 de 2024 representa un paso importante en el reconocimiento y la promoción de los derechos de las mujeres rurales en Colombia.

Esta norma, expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, establece el "Programa Especial de Adjudicación de Tierras para las Mujeres Rurales", diseñado para garantizar el acceso a la tierra y los recursos productivos a mujeres campesinas, promoviendo su inclusión económica y social.

Aspectos destacados

Enfoque de Género y Equidad Social:
- Reconocer la inequidad histórica en la distribución de tierras, donde solo el 36.3% de los predios rurales tienen a mujeres como titulares.
- Prioriza a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo víctimas del conflicto armado, líderes sociales y excombatientes.

Beneficiarios y Criterios de Selección:
- Pueden participar mujeres rurales individualmente o a través de asociaciones o cooperativas.
- Se otorga prioridad a jóvenes rurales, madres cabeza de hogar, y aquellas involucradas en actividades agrícolas o de cuidado rural.

Líneas de Crédito Preferencial:
- Las beneficiarias tendrán acceso a líneas de crédito con tasas preferenciales para financiar proyectos productivos rurales, promoviendo la sostenibilidad y el empoderamiento económico.

Fortalecimiento de la Información y Seguimiento:
- Establece medidas para garantizar la transparencia y seguimiento del impacto del programa, incluyendo indicadores desagregados por género, etnia y ciclo de vida.
- Impulsa la inclusión de datos en el Observatorio de Tierras Rurales y el Observatorio Colombiano de las Mujeres.

Implicaciones Jurídicas y Sociales:

Este Decreto no solo es un avance en la implementación del enfoque de género en las políticas agrarias, sino que también refuerza los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz, especialmente en el marco de la Reforma Rural Integral. Al crear mecanismos específicos para la adjudicación de tierras a mujeres rurales, se busca reducir brechas estructurales y fomentar la igualdad material en las zonas rurales.

La considero una herramienta clave para fortalecer el desarrollo rural sostenible y garantizar derechos fundamentales a una población históricamente relegada. Su implementación efectiva será crucial para transformar realidades.

Natalid Lizarazo